Federación de cajas de Ahorros Vasco-Navarras

RESUMEN EJECUTIVO

INTRODUCCIÓN

El objetivo de este informe es el conocimiento del sector de Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma del País Vasco, analizando la situación actual del sector, su evolución reciente y los retos de futuro. El informe trata de recoger la información disponible acerca de estos aspectos en la Unión Europea y en España, considerando aquellas variables que permitan la realización de comparaciones con el sector de Servicios Sociales en la CAPV.

Tal y como se ha desarrollado en informes sectoriales anteriores, el presente estudio se estructura en cinco capítulos. El primer capítulo, de carácter introductorio, define y delimita el sector de Servicios Sociales, enmarca la actividad de Servicios Sociales y específica las principales fuentes información utilizadas. El segundo y tercer capítulo recogen la situación del sector de Servicios Sociales en la Unión Europea y en España, respectivamente, mientras que el cuarto capítulo desarrolla con mayor amplitud la situación del sector en la Comunidad Autónoma del País Vasco. De manera complementaria, el quinto capítulo ofrece una visión cualitativa del sector de Servicios Sociales, aportando las principales líneas estratégicas del sector en el ámbito europeo y más específicamente en la CAPV y la descripción de sus debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades (análisis DAFO).

Delimitación del sector

En la Comunidad Autónoma del País Vasco, las actividades susceptibles de incluirse bajo el Sector de Servicios Sociales según quedan delimitadas en la Estadística de Servicios Sociales de la CAPV , son las siguientes:

• nºaquellas actividades desarrolladas por organismos, empresas e instituciones que tienen por vocación aportar un conjunto de servicios, prestaciones y programas al conjunto de la población, haciéndolo de forma prioritaria a aquellas personas y grupos sociales que por su edad, discapacidad, condiciones socio-económicas o situación de marginación, precisen de un apoyo específico que les garantice su derecho a un pleno y libre desarrollo".

EL SECTOR EN LA UE

El Consejo Europeo de Barcelona de 2002 asumió que el modelo social europeo se fundamenta en el crecimiento económico, el empleo, la política social y la formación de tal manera que no puede entenderse un sistema de Servicios Sociales, responsable de contrarrestar los riesgos de exclusión de determinados colectivos, desligado de los resultados económicos y el empleo.

El empleo (y sus cotizaciones) constituye así un elemento central del sistema de protección social al que le afectan variables demográficas como el envejecimiento de la población, la caída de la tasa de fertilidad o los procesos inmigratorios.

Entre 1960 y 2001 el número de personas mayores de 65 años se ha multiplicado por 1,8 y han pasado de ser 34 millones a 62. Representa el 16% de la población total y para el 2010 representarán el 27%, con una proporción importante de mayores de 80 años, cuyo número aumentará en casi un 50%.

Estos hechos repercuten en un aumento de la tasa de dependencia y en la capacidad de la sociedad europea para afrontar las prestaciones económicas (pensiones) de una sociedad cada vez más longeva así como también de responder a las nuevas necesidades de atención sanitaria y cuidados personales de larga duración de este colectivo que, dados los cambios habidos en los hogares, tiende a dirigirse en mayor medida a los Servicios Sociales.

La cohesión social es otro de los pilares del modelo de protección social europeo. El crecimiento económico busca mejorar las condiciones de vida del conjunto de la población y la renta aparece así como un factor importante en relación a la pobreza y a los riesgos de exclusión social.

El umbral de riesgo de pobreza en la UE se ha establecido en el 60% de la renta media nacional disponible. En 1999, la tasa de riesgo de pobreza en cuanto porcentaje de personas con un ingreso disponible inferior a ese umbral (7.334 euros en 1999) era del 15%. Afecta más a las mujeres (16%) que a los hombres (13%) y aumenta hasta un 35% en los hogares monoparentales. Respecto a la población infantil, en 2001 en la UE había un 10% de niños que vivían en hogares sin empleo y un 19% se estimaba estaban en riesgo de pobreza.

De acuerdo al Sistema Europeo de Estadísticas Integradas de Protección Social (SEEPROS) en el período 1990-2001, los gastos de protección social han pasado de representar un 25,4% del PIB a un 27,5% en 2001, lo que supone un incremento en el período considerado del 8,3%. En términos de gasto per cápita, el promedio es de 6.405 euros.

En 2001, los dos países con mayor porcentaje de gasto en protección social eran Suecia (31,3% de su PIB) y Francia (30%) seguidos por Alemania (29,8%) y Dinamarca (29,5%). %). España, con un porcentaje del 20% se sitúa en la parte inferior de la clasificación, compartiendo un orden de magnitud similar al de Islandia (20,1%) y Hungría (19,9%).

Del total del gasto en protección social, el más importante es el dedicado a vejez y supervivencia que representaba en 2001 un 46%. Como segundo grupo figuran las necesidades derivadas de la enfermedad y los cuidados de la salud (28%). En un orden de magnitud similar aparecen como tercera y cuarta función de gasto, las prestaciones orientadas a la familia-infancia y a invalidez (8% cada). Finalmente, las prestaciones por desempleo representaron en 2001 un 6% del gasto y las de vivienda y exclusión no cubierta en otros apartados, un escaso 4%.

Del gasto en protección social puede hacerse una estimación del dedicado a Servicios Sociales. En 2000, la protección social para el conjunto de la EU-15 representaba un 27,3% del PIB, pero éste porcentaje referido solo a las prestaciones es del 26,2%. Si se deduce el gasto sanitario y farmacéutico (7,2% del PIB), las pensiones (12,5%) y las aportaciones a desempleo (1,7%) quedaría finalmente una cifra equivalente al 4,9% del PIB como aproximación al gasto en Servicios Sociales, siendo Familia e infancia el grupo más importante (2,1%). En 1993 representaba un 4,5% y un 5% en 1997.

La financiación de los gastos en protección social procede de las contribuciones de las administraciones públicas (impuestos) -que aportan un 36% de los ingresos- y de las contribuciones denominadas sociales (61%) que, a su vez, comprenden tanto las cotizaciones de los empleadores como las de los empleados. Estas dos fuentes se completan con un grupo denominado de Otros ingresos.

EL SECTOR EN ESPAÑA

El Estado español participa de las circunstancias sociodemográficas que caracterizan el escenario europeo en el que se desenvuelven los Servicios Sociales y, en algunas variables de manera todavía más incisiva (tasa de fecundidad, esperanza de vida, menor tasa de actividad femenina y mayor tasa de desempleo femenino, etc. ).

Junto al sector público conviven en el ámbito de los Servicios Sociales un tejido muy diverso formado por un total de 9.135 entidades y empresas de diferente índole en clara evolución creciente (+85% en el último quinquenio). Un 83% son entidades sin afán de lucro. Destacan las asociaciones (62%) mientras las empresas representan un 15% y un 9% las fundaciones.

Predominan las entidades pequeñas con pocos empleos. De hecho, el 16% de las entidades no tienen empleo y una de cada tres tienen entre 1 y 5 empleos. Solo un 5% supera los 50 asalariados.

En términos absolutos, el empleo total asalariado de las entidades y empresas de Servicios Sociales se estima en torno a las 184.000 personas lo que sobre el total de asalariados contabilizados por la EPA, representa en torno al 1,3%.

En España, en 2003 el gasto en protección social representaba un 20% del PIB y suponía un gasto per cápita de 3.511,8 euros; resulta ser uno de los países europeos con menor nivel de gasto. Los más importantes son los gastos relacionados con la personas mayores donde se incluyen las pensiones (41%) seguidos por los de enfermedad y atención sanitaria (30%).

Ahora bien, el gasto susceptible de incluirse en el ámbito de actuación de los Servicios Sociales supondría una cifra menor, equivalente al 1,5% del PIB (año 2000).

En el Estado español, el sistema público de Servicios Sociales se reconoce una doble finalidad: promover y propiciar el bienestar social y la calidad de vida de todas las personas y grupos y prevenir y eliminar las causas de exclusión y marginación social. En su consecución juegan un importante papel las Administraciones Locales a través del convenio administrativo establecido entre el Estado y las Comunidades Autónomas (excepto Euskadi y Navarra) denominado Plan Concertado para el Desarrollo de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en Corporaciones Locales.

Las Administraciones Locales aportan por término medio un 54,5% mientras la aportación de las Comunidades Autónomas es de un 28,2% y de casi el 17% la del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. En 2001 el gasto total fue de 525,7 millones de euros.

El sistema público de los Servicios Sociales se organiza en dos niveles de atención: Servicios Sociales de Atención Primaria, de ámbito y responsabilidad municipal y Servicios Sociales Específicos y sectoriales y/o especializados, de ámbito supramunicipal y responsabilidad principalmente autonómica. Los Centros de Servicios Sociales son el equipamiento principal de la denominada red básica de los Servicios Sociales de Atención Primaria.

En 2002 esta red básica estaba formada por 1.194 Centros. Supone una cobertura del 86% de los municipios de las CC.AA. concertantes y un 97% en términos de población.

En términos de empleo, los trabajadores en el marco del Plan Concertado eran en 2001, 23.515 personas, de las cuales casi 23.000 corresponden a los Centros Sociales. Un 58% estaban contratados y un 42% eran plantilla.

La prestación más consumidora de recursos financieros es la ayuda a domicilio. En 2001 supuso una cuantía próxima a los 139 millones de euros equivalente a un 60% del gasto desagregado en prestaciones.

Según datos del IMSERSO 1 (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) dependiente del Ministerio de Trabajo, el 2% de los mayores de 65 años era en 2001 usuario del Servicio de Ayuda a Domicilio. Suponía una cifra total de 139.384 usuarios, un total de 25,2 millones de horas dispensadas, a una media mensual de 16 horas de atención por usuario y un coste horario de 9,28 euros.

Referido a la oferta residencial dirigida a mayores según el Observatorio de Personas Mayores, en 2001 había en el Estado un total de 918 centros de día para personas dependientes con un total de 16.500 plazas, de las cuales un 54% son públicas y concertadas. Supone un índice medio de cobertura del 0,24% para el conjunto del Estado. Por encima del promedio estatal destacan Cataluña (0,66%) a la que sigue a distancia el País Vasco (0,39%), Extremadura y Aragón (0,35%) y Navarra (0,32%).

En cuanto a centros residenciales había en el Estado 4.158 que totalizan 215.156 plazas (58% privadas). Supone un índice de cobertura del 3,19% sobre la población mayor de 65 años. La máxima dotación corresponde a Castilla León (5,22% de cobertura), La Rioja (5,29%) y Navarra (4,85%) mientras en el País Vasco, el índice de cobertura de centros residenciales se establece en un 3,45% y 3,92% para Cataluña.

En el trienio 1999-2001, se han abierto 438 nuevos centros residenciales (+12%) que aportan 16.498 nuevas plazas (+8%) con un mayor dinamismo de la iniciativa pública (76% de las nuevas plazas) que de la privada.

Finalmente, dos figuras de reciente incorporación que expresan la necesidad de diversificar el tipo de atención a prestar desde los Servicios Sociales para adecuarse a unas necesidades también diversas y temporales en algunos casos. Son los servicios de estancia temporal y las viviendas protegidas.

En ambos casos se trata de una oferta exclusivamente pública y que en 2001 supone una oferta de 3.558 plazas para mayores de 65 años en viviendas protegidas y 1.385 plazas en servicios de estancia temporal.

EL SECTOR EN LA CAPV

La CAPV no se ha quedado al margen de los cambios sociales ya señalados a nivel de Europa y España. El envejecimiento de la población, la incipiente llegada de población extranjera, los cambios en la estructura familias y las nuevas formas de pobreza han variado de forma significativa el escenario en la interviene el sector de Servicios Sociales.

Entre los cambios sociales se puede destacar por un lado el proceso de envejecimiento de la sociedad vasca como consecuencia de unas tasas de fecundidad bajas y un aumento considerable de la esperanza de vida que conlleva a que el 17% de la población vasca tenga 65 años o más, siendo uno de los colectivos demandantes o potencialmente de recursos de tipos asistencial, tales como centros residenciales, centros de día o servicios de atención a domicilio. Por su parte, la llegada de población inmigrante a la sociedad vasca se configura como un fenómeno corrector de ese envejecimiento poblacional aportando efectivos en las edades jóvenes. Ahora bien, la novedad del fenómeno y las condiciones de precariedad en las que se encuentra el colectivo implica una fuerte presión sobre la demanda de intervención social.

En este contexto, el sector de los Servicios Sociales en la CAPV se configura como una compleja y amplia estructura que engloba a todas aquellas entidades, organizaciones o empresas que ofrecen recursos y actuaciones dirigidas a atender las necesidades sociales en el ámbito social y no satisfechas por otro sector de actividad. A pesar de la dificultad que implica la propia concepción del sector, la Estadística de Servicios Sociales del Eustat pone de relieve que en 2002 este sector contaba con un total de 1.224 agentes que están trabajando de forma continua y permanente en el ámbito de la acción social, de las que 314 son entidades públicas y 910 entidades privadas (722 sin ánimo de lucro y 188 con ánimo de lucro).

Según los datos de las Cuentas Económicas y las Tablas Input-Output elaborados por el Eustat, el sector de Servicios Sociales tiene un valor de producción que asciende a 487.830 miles de euros en 2002 y el valor añadido bruto alcanza los 259.470 miles de euros, lo que supone un 0,6% del PIB. Ahora bien, como se detalla a lo largo del informe, estos datos infravaloran la aportación del sector a la economía vasca, como consecuencia de no estar incluida parte de la aportación procedente de la Administración Pública.

En términos de gasto, es de señalar en primer lugar que el gasto en protección social representaba el 20,1% del PIB en 1999, proporción similar a la efectuada a nivel nacional, pero todavía inferior a la existente en el conjunto de países europeos ese año (27,4% en 1999). En segundo lugar, el gasto específico del sector de Servicios Sociales alcanza los 915.747 miles de euros en 2002, el 2% del PIB. Y además, se considera de interés remarcar que el sector se financia en una parte muy importante gracias a la aportación económica procedente de la administración pública, que representa el 70% de los ingresos.

Por otro lado, el sector de Servicios Sociales contaba en 2002 con 16.797 empleos propios, el 1,9% del personal ocupado total en la CAPV. Por ámbitos de actuación, el sector privado asume al 66% de la contratación y es sobre todo en este ámbito privado en donde se está generando la mayor parte de los nuevos puestos de trabajo. Además, el sector contó con la labor de 5.053 personas.

Y en cuanto a la estructura empresarial se puede decir que en el sector de Servicios Sociales de la CAPV coexisten dos modelos de entidades. Por un lado, las nºmicroentidades", que son numerosas pero que consumen una parte reducida de los recursos económicos y humanos y las nºmacroentidades" que son pocas, pero con un importante número de recursos.

Por su parte, hablar de los recursos humanos del sector de Servicios Sociales obliga a mencionar la contribución del personal voluntario y de las personas asociadas al mismo sobre todo en ámbito privado de la intervención social. Concretamente, 13.824 personas voluntarias colaboraban con actividades de acción social en 2002, al tiempo que 431.928 personas estaban asociadas a alguna entidad prestadora de Servicios Sociales.

Asimismo, la información relativa a al nivel de dotación confirma la existencia de una amplia red de centros de Servicios Sociales, 2.305 distribuidos geográficamente a lo largo del territorio vasco. En términos de cobertura, existe un centro de Servicios Sociales por cada mil habitantes, ratio superado en el caso de Alava (1,6 centros por mil habitantes).

Entre los servicios de atención a las necesidades sociales de la población vasca destacan por un lado los centros residenciales, 633 centros con un total de 17.188 plazas, lo que en términos de cobertura supone 7,5 plazas por cada 1.000 habitantes, de las que una parte muy importante (78%) se dirigen a atender al colectivo de personas mayores con un grado de ocupación elevado. Además, en la CAPV hay 524 centros de día, lo que supone una ratio de 0,3 centros de día por cada mil habitantes.

Y por último, se ha de mencionar la importancia que representan las principales prestaciones económicas gestionadas desde el Sistema Público de Servicios Sociales. En términos presupuestarios las partidas destinadas a la Renta Básica y a las Ayudas de Emergencia Social se han visto incrementadas con el objetivo de asumir el crecimiento en la demanda, explicada en parte por la importante llegada de población inmigrante en situación indocumental que tiene que recurrir a las ayudas sociales al no poder insertarse en el mercado laboral.

ANÁLISIS DAFO DEL SECTOR

A continuación se presenta de manera resumida el análisis realizado sobre el sector de Servicios Sociales en la CAPV en base por un lado a las fortalezas y debilidades (condicionantes internos) y por otro a las oportunidades y amenzaas (condicionantes externos) existentes.

Por lo que hace referencia a las fortalezas que marcan en la actualidad la situación del sector de Servicios Sociales destacan las siguientes:

• Ambito público de Servicios Sociales propio con su correspondiente desarrollo normativo y organizativo
• Importante presencia de la iniciativa privada en el sector de Servicios Sociales
• Aumento continuo del gasto social en el sector público y privado
• Gestión profesional de la intervención pública
• Existencia de una extensa red de centros y de servicios de atención diversificados
• Capacidad de respuesta ante una demanda cada vez más diversificada

Con relación a las principales debilidades del sector se pueden despuntar las siguientes:

• Reparto competencial complejo de los Servicios Sociales públicos e insuficiente desarrollo normativo
• Elevada dependencia económica del sector público por parte del sector privado no lucrativo
• Menor atención a los aspectos preventivos y de planificación en la intervención
• Limitación para atender las necesidades sociales incipientes

La evolución futura del sector de Servicios Sociales en la CAPV vendrá marcada también por las oportunidades que rodean a la actividad de la acción social:

• La multidimensionalidad de las nuevas problemáticas.
• La puesta en marcha de la ley de dependencia.
• La extensión de la cultura de la calidad y de excelencia empresarial en la acción social
• Interés creciente de las empresas de servicios personales y asistenciales.
• El desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.
• Aumento del nivel de sensibilización y concienciación sobre las problemáticas sociales entre la opinión pública.

Y por último, se destacan las siguientes amenazas que pueden modificar la intervención en el ámbito de lo social.

• Contención del gasto público y descenso de los niveles de cobertura.
• Aumento de las disfunciones competenciales entre instituciones.
• Polarización excesiva de los Servicios Sociales en problemas de dependencia de la tercera edad.
• La derivación a Servicios Sociales de problemáticas más amplias o transversales.

1 MTAS, IMSERSO, Las personas mayores en España. Informe 2002.