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EKONOMI GERIZAN

El Estado de bienestar en la encrucijada: nuevos retos ante la crisis global
Número: 18

Título: El Estado de bienestar en la encrucijada: nuevos retos ante la crisis global

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RESUMEN


El título del volumen correspondiente a la decimoctava edición de la colección Ekonomi Gerizan, “El Estado de bienestar en la encrucijada: nuevos retos ante la crisis global”, no es, evidentemente, casual. La elección del tema responde a la conciencia de que las instituciones y políticas del Estado de bienestar están experimentando un importante grado de tensión, consecuencia tanto de la evolución demográfica, con la inmigración y la natalidad como aspectos clave, como de la evolución socioeconómica, con la familia y la mujer como aspectos más relevantes. Esta tensión se materializa en un mayor abanico de necesidades o situaciones que precisan protección, en una nueva realidad social y en una demanda creciente de recursos, materiales y humanos, para dar cobertura a las situaciones protegibles.

Se hace preciso añadir a esta situación que se acaba de delinear los efectos de la vigente crisis global, financiera y económica, que conlleva un problema adicional sobrevenido de financiación, un condicionante cuya apariencia es estructural, no coyuntural, por lo que requerirá una solución del mismo orden.

El análisis y la solución de este específico rompecabezas se podría postergar al momento en que se empiece a ver el final del túnel de la crisis global actual, que está planteando por sí misma problemas de envergadura y calado suficientes para dedicarles toda la atención. Pero muy posiblemente eso sería una irresponsabilidad.

Igual que, en cierto grado, lo fue la política, no explicitada, llevada a cabo durante el último ciclo de crecimiento económico, de no ocuparse de la crisis ya diagnosticada del Estado de bienestar al amparo de la aparente infinitud de recursos financieros y presupuestarios que estaba proporcionando la dinámica de dicho ciclo económico. En este sentido, la crisis medioambiental, el problema del calentamiento global y la expoliación de recursos naturales, son cuestiones similares a la del Estado de bienestar.

Porque, tanto antes como ahora, el Estado de bienestar está sujeto a dos grandes debates de fondo: el debate de su viabilidad y el debate de su sostenibilidad.

Al hablar de viabilidad se hace referencia al planteamiento de la idoneidad de las instituciones del Estado de bienestar, tal como lo conocemos ahora, para encauzar o dar forma a los principios, irrenunciables, de solidaridad, equidad y justicia. Y al hablar de sostenibilidad se señalan los aspectos financieros o presupuestarios, ya que parece preciso concebir un Estado de bienestar que no lleve implícito el germen de una quiebra dentro de un plazo de tiempo previsible y razonable.

Con el fin de contextualizar el precedente planteamiento general se puede utilizar el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco, CAPV.

La población de la CAPV se ha mantenido prácticamente estable en cifra absoluta en los últimos treinta y cinco años. Pero el número de personas menores de veinte años se ha contraído a la mitad, mientras el de sesenta y cuatro años se ha duplicado. Consecuencia de lo anterior, la tasa de dependencia se ha contraído ligeramente, con la peculiaridad de que mientras al principio de dicho período los menores de dieciséis años eran la amplia mayoría de los dependientes, ahora son menos de la mitad.

Las proyecciones vigentes de población de la CAPV para 2020 señalan en la dirección de un leve incremento, con un ligero aumento de los menores de veinte años y de los mayores de sesenta y cuatro años, en detrimento del segmento intermedio. La tasa de dependencia podría llegar a situarse en un 61%, con los mayores de sesenta y cuatro años suponiendo una amplia mayoría de los dependientes.

En este contexto adquieren especial relevancia las tasas de actividad y de ocupación, porque en la actividad económica se halla el origen de la financiación de la subsistencia de quienes son económicamente dependientes. Ambas tasas han aumentado significativamente en la CAPV entre 1985 y 2009, pero mientras las correspondientes a hombres se contraían, han sido las correspondientes a mujeres las que han experimentado avances muy reseñables.

En el año 2001 había en la CAPV 1,93 ocupados por cada perceptor de pensiones, proporción que había mejorado en 2008 para situarse en 2,01. En 2001 la proporción entre perceptores de pensiones y personas mayores de sesenta y cuatro años era de 1,25. Esta proporción se situó en 1,20 en 2008. Dadas las previsiones de personas mayores de sesenta y cuatro años para 2020, si la proporción anterior se mantuviese, necesitaríamos, también de mantenerse las proporciones, alcanzar una tasa de ocupación del 66,3% en 2020, cuando en 2009 era del 51%.

Prescindiendo de entrar en el análisis del grado de posibilidad de generar la cantidad de puestos de trabajo que implicaría aquella tasa, dadas las tasas de actividad y de ocupación correspondientes a hombres y a mujeres, parece razonable suponer que fuesen mujeres quienes en mayor proporción los ocupasen. Pero la incorporación de la mujer al mercado de trabajo tiene consecuencias en la institución familiar y en la natalidad.

El número de hogares o de familias en la CAPV está creciendo de manera sostenida en los últimos años, un 24,5% entre 1991 y 2006. Pero este incremento se ha distribuido de una manera peculiar, ya que mientras las familias unipersonales y las nucleares sin hijos han crecido en términos absolutos y relativos, las familias denominadas nucleares con hijos han perdido posiciones también en ambos términos, pasando del 51,1% al 38,0% de las familias.

Al tiempo que la tasa de natalidad ha pasado de 1,91 en 1975 a 0,99 en 2009. Y el desglose de esta última cifra descubre que la tasa de natalidad de las mujeres nacidas en la CAPV y resto de España es 0,90, mientras que la de las mujeres nacidas en el extranjero es 2,40.

Todo el conjunto de datos anterior se podría resumir diciendo que le evolución demográfica previsible de la CAPV plantea importantes problemas e interrogantes en un futuro bastante próximo, los cuales tienen que ver directamente con el Estado de bienestar.

El incremento de absoluto y proporcional de los mayores de sesenta y cuatro años, unido a unas bajas tasas de natalidad, reducirá la población en edad de trabajar, con un incremento de los niveles de dependencia. En este contexto parece necesario incrementar las tasas de ocupación de las mujeres para poder alcanzar cierta masa crítica de la población trabajadora, cuya aportación contribuya a financiar el previsible más que proporcionalmente creciente gasto en pensiones; y también parece probable que la inmigración juegue un papel relevante.

El envejecimiento de la población no solo causará tensiones en el sistema de pensiones, sino también, y de manera relevante, en el mundo de la sanidad y de los servicios sociales para la tercera edad. Hay que tener en cuenta que el gasto en prestaciones sociales en la CAPV, que supone en torno al 20% del PIB, ha estado creciendo en las últimas décadas a un ritmo promedio próximo al 7% anual.

¿Qué se puede hacer?

Parece evidente que precisamos más riqueza, más recursos, para afrontar esta compleja situación. Y podemos generar la riqueza adicional necesaria con más trabajadores que como promedio sean equivalentes a los actuales, o lo podemos hacer con actividades y trabajadores de mayor valor añadido.

En este mundo globalizado y competitivo en que vivimos, los países emergentes están incorporando a los procesos productivos industriales y de servicios a un gran número de personas que, provenientes de situaciones de pobreza, muchas veces extrema, suponen unos costes laborales tremendamente reducidos en comparación con los vigentes en los países desarrollados. El efecto contagio de este factor a través del comercio internacional se ha visto intensificado por el fenómeno de la deslocalización de procesos productivos. De manera que, salvo en aquellos productos que no pueden ser objeto de comercio internacional o deslocalización productiva, se antoja muy difícil competir con las mencionadas economías emergentes en productos, actividades, o sectores, que sean intensivos en mano de obra. Luego, simplificando bastante la cuestión para poder abordarla en este contexto, parece que la CAPV está abocada a centrar sus esfuerzos en productos, actividades, o sectores, que sean intensivos en tecnología y con un grado importante de I+D+i propio.

En 2008 se invirtieron en la CAPV 1.264 millones de euros en I+D, cifra que equivale a un 1,85% del PIB, con 15.373 trabajadores dedicados plenamente, un 1,5% de los trabajadores ocupados, que dieron lugar a 64 patentes por millón de habitantes.

Pero aún se está lejos de países punteros como Alemania (2,63% del PIB, 65.622 millones de euros de inversión, 493.858 trabajadores dedicados plenamente, 291 patentes por millón de habitantes), Dinamarca (2,72% PIB, 6.701 millones de euros, 48.096 trabajadores dedicados plenamente, 193 patentes por millón habitantes) o Finlandia (3,73% PIB, 6.900 millones de euros, 56.698 trabajadores dedicados plenamente, 251 patentes por millón habitantes).

Podría parecer fuera de lugar este recorrido que se acaba de hacer sobre I+D, pero cuando se habla del futuro del Estado de bienestar no se puede soslayar que el bienestar social se funda, principalmente, en el desarrollo económico, gracias al cual se genera suficiente riqueza para hacer posible tanto la existencia de suficientes puestos de trabajo debidamente remunerados, como el mantenimiento de las instituciones que, en cada momento, constituyen la estructura de este esquema de solidaridad, equidad y justicia que conocemos como Estado de bienestar.

Y en la situación actual de fuerzas sociales y económicas a nivel global, si se quiere mantener el nivel de vida actual, y establecer unos cimientos sólidos para el de las generaciones venideras, el papel que nos toca desarrollar se tiene que centrar en el incremento de la productividad y de la competitividad por medio de la creatividad y de la innovación. Solo desde esa base se podrá gestionar el proceso de continua adecuación de las instituciones del Estado de bienestar a la cambiante realidad socioeconómica, y garantizar su sostenibilidad financiera en el tiempo.

Por ello, la presente edición aborda esta temática analizando en su primer capítulo, titulado “Sostenibilidad de las políticas sociales y del Estado de bienestar en el siglo XXI”, una serie de cuestiones que enfocan desde diferentes ópticas la viabilidad futura del Estado de bienestar, no solo en los países desarrollados, sino también en los países en desarrollo.

D. Joaquín Almunia Amann, en la conferencia que con el título “Reflexiones sobre un futuro para el Estado de bienestar” clausuró el Seminario base de nuestra publicación, señaló que uno de los grandes objetivos de la Unión Europea es la economía social de mercado: un modelo de sociedad y una concepción de la ciudadanía en la que el mercado y el Estado tienen que combinar sus actuaciones para proporcionar a los ciudadanos mayores oportunidades, bienestar, y protección social. Las consecuencias sociales y económicas derivadas de la globalización han planteado múltiples desafíos a los Estados de bienestar, que con esta crisis se han agravado. Y hay que darles respuesta para preservar el modelo social europeo, con su correspondiente concepción de la ciudadanía y de la democracia. En su opinión, las alternativas son claras: o reforma, o declive. Hay que reformar el sistema productivo, para tener un patrón de crecimiento distinto, que sea más capaz de utilizar las nuevas tecnologías, de abrir puertas a la innovación, de utilizar los recursos, humanos, naturales y productivos eficazmente. Y para ello hay que cambiar políticas, adaptar conceptos, prioridades, instrumentos y emprender reformas.

El autor defiende que las reformas deben consistir, en primer lugar, en asegurar la movilidad de un empleo a otro; en segundo lugar, en una mayor libertad de elección para dar satisfacción a esa individualización creciente de las demandas de los ciudadanos y de sus necesidades; y que el tercer elemento es la sostenibilidad.

Y concluye que el Estado de bienestar fue el fruto de un consenso básico entre las grandes familias políticas en Europa al final de la Segunda Guerra Mundial. Ese consenso no ha existido desde que la tendencia desreguladora se hizo preponderante a finales de los setenta, después de la anterior crisis. Ahora hace falta recomponer y rehacer ese consenso. La política y la acción pública son necesarias para dar coherencia e impulso, un impulso tenaz y continuo, a estos cambios y a estas reformas ineludibles . Europa no es concebible sin un modelo social, sin un Estado de bienestar, sin una manera coherente de combinar, a escala europea, el mercado y la acción pública, la eficiencia y la equidad.

La evolución demográfica, y el análisis de sus impactos potenciales en la estructura productiva de los países y, en consecuencia, en sus esquemas transversales de solidaridad, es una materia que inevitablemente se debe abordar al tratar sobre la sostenibilidad del Estado de bienestar. En el siguiente artículo, “Demografía, envejecimiento y crisis. ¿Es sostenible el Estado de bienestar?”, su autor, D. Julio Pérez Díaz, analiza qué sabemos sobre el envejecimiento demográfico, qué conclusiones se derivan de él y qué conclusiones se podrían extraer si se cambia el marco interpretativo sobre las edades, sin necesidad de abandonar el propio análisis demográfico, haciendo una interpretación longitudinal en lugar de transversal. Aquella entiende las edades en términos generacionales, como etapas sucesivas en la vida de las mismas personas, donde efectivamente se produce el envejecimiento real, el de las personas desde su nacimiento. Por ello trata de dar una visión del cambio demográfico desde este otro punto de vista y, sobre todo, aplicando un punto de vista sistémico, no solo estructural.

El autor no cree que en la demografía se halle la raíz que explica la crisis del Estado de bienestar: la demografía no va mal. El asunto es cómo se distribuye la riqueza: ¿cómo se distribuye la riqueza y hasta qué punto la gente que trabaja está dispuesta a compartir la que genera con los demás? Ese es un problema político, no demográfico, concluye.

La crisis que estamos atravesando en estos momentos afecta al modelo social europeo y, en especial, al papel que juegan las políticas sociales en el control de la desigualdad en los Estados de la Unión Europea. En este contexto, D. David Rueda Jiménez analiza en su artículo “El modelo social europeo en tiempos de crisis: las políticas sociales y la desigualdad en la Unión Europea” tanto la función que desempeña el Estado de bienestar en Europa como parachoques entre el desempleo y la desigualdad, como la reciente transformación del Estado de bienestar hacia un modelo en el que la condicionalidad es mucho más importante, poniendo especial énfasis en la naturaleza de esta transformación, que en el mundo anglosajón se conoce comúnmente como la transformación del Welfare State hacia el Workfare State. El autor concluye que en el modelo social europeo, la efectividad de las políticas sociales como parachoques entre el desempleo y la desigualdad es sustancial, pero algo ha cambiado recientemente que hace que las políticas sociales en los países industrializados tengan una naturaleza muy diferente a la de tiempos anteriores. Las implicaciones de las consecuencias de las crisis económicas son importantes, porque parecen indicar que la efectividad de las políticas sociales ha disminuido y que, por tanto, los efectos de la crisis vigente pueden ser más dramáticos de lo esperado.

En el artículo “La sostenibilidad del bienestar generacional”, D. Guillem López Casasnovas expone que la continuación de la inercia actual, a la vista de como se viene entendiendo el Estado de bienestar, sesga de modo preocupante el gasto social en favor de las generaciones de personas mayores, al tiempo que el argumento de que la evolución económica permite compensar el bienestar de los más jóvenes deja hoy de ser evidente. En los nuevos contextos sociales, demográficos y económicos, se impone un análisis tentativo de políticas que se base en una concepción renovada del universalismo, entendido como acceso al pool solidario y a la elegibilidad general, pero no incondicionado, sino restringido a situaciones efectivas de necesidad y a capacidades. Se trata de redes de seguridad de última instancia, que suplementarían el esfuerzo individual, orientadas al empleo, a la búsqueda de trabajo, a la formación y a la movilidad laboral en su caso. Y es que la paradoja de “más y mejor gasto social” lleva a su menor impacto redistributivo.

Todo ello hace que, en opinión del autor, sea conveniente repensar el Estado de bienestar, y priorizar nuevos equilibrios intergeneracionales, de los que la regla de Musgrave ejemplifica la correspondencia en las ratios de contribuciones netas activos/pasivos ante cambios demográficos o de productividad. Para ello, el texto propone pactar procedimientos que recuperen los equilibrios intergeneracionales de bienestar, como meta, a cada nivel -y composición- del gasto público y de la presión fiscal consecuente, que se alcance.

El siguiente artículo, desarrollado por Dña. Raquel Gallego y D. Joan Subirats i Humet bajo el título “Descentralización política y equidad. Regímenes de bienestar en España”, analiza como en Europa y en otras partes del mundo se ha ido recrudeciendo el debate entre descentralización, como proceso que puede ayudar a innovar y mejorar la calidad y capacidad de respuesta de las políticas de bienestar, y equidad, que, para algunos, se halla en peligro por las dinámicas diferenciadoras y generadoras de nuevas desigualdades que pueden provocar los procesos de devolution. Debate que se halla enmarcado en un proceso de reconsideración de las propias políticas de bienestar, sus límites y sus inadecuaciones en relación a las nuevas realidades productivas, sociales y familiares. La tensión entre “ciudadanía social” y las fórmulas federales o descentralizadas de poder no es algo nuevo. La promesa de una ciudadanía que garantizara un estatus igual para todos los miembros de una comunidad, y un acceso a los servicios y prestaciones sociales en igualdad de condiciones en todo el territorio puede entrar en conflicto con la capacidad de autogobierno que implica un proceso real de descentralización política. El problema consiste en cómo equilibrar equidad y diversidad. En el artículo se abordan estos aspectos generales y se analiza la experiencia española en estos últimos treinta años, que ha conducido a la consolidación de regímenes de bienestar relativamente diferenciados en las distintas comunidades autónomas.

D. Francisco Rodríguez plantea en su artículo “La crisis de la deuda pública: políticas de ajuste y Estado de bienestar” que la crisis europea de la deuda pública ha puesto de manifiesto que una moneda única, el euro, sin Estado es un modelo muy frágil, así como la necesidad de que la Unión Europea progrese en materia de unión económica y de unión política. Según el autor, las respuestas a la crisis de la deuda están resquebrajando las bases del modelo de Estado de bienestar porque tienden a erosionar uno de sus pilares más firmes: el crecimiento económico, que se ralentizará en los países desarrollados por la imposibilidad de dar continuidad a las políticas de endeudamiento del período anterior de auge. La globalización y la creciente competitividad llevan además al planteamiento de recortes de impuestos directos y cotizaciones sociales que, unidos al recorte del gasto público, endurecen más allá de tendencias demográficas adversas el debate en torno a la reforma del sistema público de pensiones, que precisa garantizar su viabilidad a medio y largo plazo. La única vía de salida parece ser el estímulo de la productividad.

Esta crisis ha puesto de relieve la gran debilidad y vulnerabilidad de nuestros sistemas productivos, en los que ha tenido lugar una fuerte destrucción y desplome del empleo que surtirán duraderos efectos negativos sobre los pilares centrales del sistema de protección social. La pregunta clave ahora es determinar qué tipo de Estado social va a pervivir en Europa y cómo se financiará.

Finalmente el autor concluye que, aunque se puedan cuestionar los contenidos del Estado de bienestar, nadie cuestiona la necesidad de un Estado social, tanto desde el punto de vista económico como desde el del equilibrio social.

Las relaciones entre desarrollo, sostenibilidad del desarrollo y Estado de bienestar se analizan por D. Luis Serven en “Crisis, gasto social y estabilidad macroeconómica: la perspectiva de los países en desarrollo”, el último artículo de este capítulo. En él se plantea que la crisis económica mundial ha puesto en duda la viabilidad futura del conjunto de instituciones que conforman el Estado de bienestar, elementos característicos de la actividad del sector público de los países desarrollados. El grave deterioro de la situación fiscal de muchos de dichos países ha dado lugar a numerosas propuestas de reforma orientadas a reducir la carga creciente que el Estado de bienestar supone para el erario público, así como los efectos potencialmente adversos de sus prestaciones para el crecimiento económico.

La magnitud de esa carga no es ninguna novedad, y tampoco lo es su tendencia alcista. A lo largo de varias décadas las prestaciones del Estado de bienestar han ido absorbiendo una proporción creciente del gasto público y del PIB de aquellos países. Y ahora el impacto adverso de la crisis global sobre su equilibrio fiscal obliga a contener el ascenso sostenido del gasto en relación al tamaño de la economía, porque de lo contrario podría llegar a poner en peligro la estabilidad fiscal.

En los países emergentes y en vías de desarrollo la situación es radicalmente distinta. En el marco de la crisis global, el alcance limitado de los sistemas de protección social se ha revelado, si acaso, como un factor de inestabilidad económica, en un doble sentido. A escala nacional, la debilidad de los estabilizadores automáticos derivada del escaso desarrollo del sistema de protección social ha supuesto un obstáculo para la amortiguación de los choques externos mediante una política fiscal anticíclica. Y a escala mundial, esa misma debilidad ha contribuido a generar grandes desequilibrios globales que, en opinión de algunos, han representado un papel importante en la gestación y propagación de la crisis global y, en opinión de muchos, suponen un obstáculo a la recuperación de la economía internacional. Todo esto subraya el importante cometido que puede ejercer un desarrollo adecuado de los sistemas de protección social fuera de los países avanzados.

Las pensiones son, sin ninguna duda, uno de los ejes del Estado de bienestar. La evolución demográfica, las transformaciones sociales, la globalización económica y las modificaciones del mercado de trabajo, por reseñar los aspectos más significativos, están modificando y poniendo a prueba la estructura financiera y social sobre la que se sustentan. Por todo ello el segundo capítulo se dedica a este tema bajo el título genérico de “Sistemas públicos y privados de pensiones ante el envejecimiento de la población”.

El capítulo se abre con el artículo “Decisiones económicas de los individuos en la transición a la jubilación”, en el que D. José María Labeaga Azcona presenta y analiza algunos cambios que pueden acontecer en las decisiones de los individuos a edades en las que se decide cuándo tomar el tren al país de no trabajar, decisiones que pueden constituir elementos adicionales de presión que pongan en jaque la sostenibilidad de los sistemas públicos de jubilación. Ser consciente de ello debe contribuir a diseñar reformas que conjuguen la sostenibilidad de las finanzas públicas con la adecuación de las prestaciones, de forma que los individuos puedan mantener en el “país de no trabajar” la utilidad marginal del consumo de la que disfrutaban previamente. Los aspectos fundamentales que se analizan tienen que ver con la toma de decisiones de los individuos en lo que se denomina retiro conjunto (decisiones de retiro en el entorno de los hogares que se pueden tomar por los dos miembros de la pareja) y con la transición a la jubilación por motivos de salud (tanto por lo que se refiere a las decisiones de transitar de forma directa como de forma indirecta). Se presentan, asimismo, resultados acerca de incrementos en la edad de jubilación efectiva obtenidos tras cambios en las variables o los parámetros del sistema.

El envejecimiento de la población es ya una realidad, tal como describen y analizan D. José Ignacio Conde-Ruiz y Dña. Clara I. González en “Los retos del sistema público de pensiones en España”, y es el principal reto al que se enfrentan todos los sistemas de pensiones de reparto. La presentación de los hechos más relevantes de la dinámica demográfica de las últimas décadas en España, el aumento en la esperanza de vida y la caída en las tasas de fecundidad, da pie al análisis de la relación entre el envejecimiento de la población y el gasto en pensiones a través de sus elementos claves: tasa de dependencia, mercado de trabajo y factor institucional. Se revisan los estudios de proyección del gasto en pensiones, incluidos los oficiales, que son unánimes al determinar que, a pesar del alivio demográfico temporal que ha supuesto el fenómeno de la inmigración, el gasto en pensiones se incrementará considerablemente en las próximas décadas. Como conclusión, los autores resaltan que la única vía factible para garantizar la supervivencia de nuestro sistema público de pensiones es reformarlo para adaptarlo a la nueva realidad demográfica, y presentan algunas recomendaciones de economía política.

En el artículo siguiente, D. Pablo Antolín aborda los “Impactos del envejecimiento y de otros riesgos en los sistemas de pensiones de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”. El autor, tras el análisis de los sistemas de pensiones de varios países, señala que no se puede afirmar que haya un sistema mejor ni un sistema peor, sino que lo importante es diversificar las fuentes de financiación de la jubilación. Por ello indica que un sistema de pensiones adecuado debe tener un componente de reparto, en el que el tamaño es una decisión política, y un componente complementario de capitalización, tanto ocupacional como individual.

La crisis financiera, transformada en crisis económica está impactando igualmente a las pensiones públicas o de reparto gestionadas por el sector público a través del desempleo, causando problemas de financiación por una reducción de ingresos y un incremento de gastos. Su lección principal está siendo resaltar la importancia de los diferentes riesgos que afectan a los sistemas de pensiones. Entre estos riesgos el autor analiza especialmente el que deriva de la variación de la esperanza de vida: el riesgo de longevidad. Con respecto al riesgo de longevidad el autor considera que es esencial utilizar modelos estocásticos para predecir y aproximar futuros valores de la esperanza de vida, única forma que uno puede valorar la incertidumbre.

El artículo final del capítulo dedicado a las pensiones ha sido elaborado por D. José Ramón Urrutia y por D. Fernando Manrique bajo el título “Evolución y retos de la previsión social privada en Euskadi”. Los autores hacen un repaso de la evolución demográfica y social de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV), como preámbulo de una exposición del desarrollo que ha tenido en dicho territorio la legislación sobre previsión social voluntaria. El análisis de las características del mercado de entidades de previsión social voluntaria en la CAPV, detallado en función del mercado mismo, de las entidades que ofrecen sus servicios en él, de las características de los aportantes y de las prestaciones que proveen, da lugar a que los autores consideren que la realidad actual y los logros conseguidos desde la aparición de estas instituciones se puedan calificar como muy fructíferas y totalmente oportunas y acertadas: las entidades de previsión social voluntaria han cumplido satisfactoriamente con las previsiones recogidas, tanto en la legislación estatal como en la autonómica, sobre la exteriorización de compromisos por pensiones. Lo que no obsta para que, desde su punto de vista, quede todavía mucho camino por recorrer y sea necesario dar soluciones integrales a los nuevos retos que la sociedad en general y la vasca en particular está planteando. Por ello el artículo finaliza con un conjunto de recomendaciones que entienden que deberían integrarse en el marco normativo de estas instituciones.

El capítulo tercero y último aborda un grupo de diferentes áreas del Estado de bienestar, cuya evolución y desarrollo es preciso estudiar para darles continuidad sostenible y eficaz en el tiempo: por ello se titula “Otras dimensiones de las políticas del Estado de bienestar”.

Abren el capítulo Dña. Beatriz González López-Valcárcel y Dña. Carmen Delia Dávila Quintana con el artículo “Crisis económica, Estado de bienestar y salud”, en el que exploran desde una perspectiva conceptual y empírica los efectos de la actual crisis económica sobre la salud, que es el objetivo último del sistema sanitario. La salud se “produce” dentro del sector sanitario, pero fundamentalmente fuera del mismo, por lo que algunos de los efectos de la crisis sobre la salud se generan a través de la sanidad, mientras que otros resultan de cambios en el mercado de trabajo, en las prestaciones sociales o son consecuencia de la redistribución de rentas, que a su vez resulta de la crisis. Las autoras analizan conceptualmente los efectos esperados de las crisis económicas sobre la salud, diferenciando entre efectos directos e indirectos, a corto y a largo plazo, reversibles e irreversibles, como paso previo a una revisión de la evidencia científica sobre los efectos de las crisis económicas del siglo XX sobre la salud. Finalmente presentan evidencia empírica sobre los efectos de la actual crisis sobre la salud y sobre la utilización de los servicios sanitarios en España y formulan propuestas para mitigar dichos efectos.

Las principales conclusiones de su artículo son que no hay leyes universales sobre las reacciones de la salud ante las crisis económicas, porque dependen del contexto institucional y cultural y de la intensidad, duración y velocidad de la caída y, sobre todo, de los tipos de respuesta institucional. Los efectos de las crisis dependen en gran medida de las políticas de protección social, de la red de seguridad, del Estado de bienestar y de las redes sociales y familiares. Toda crisis encierra una oportunidad, y los recortes inevitables del gasto sanitario deberían hacerse con criterios de eficiencia más que de inercia. En el artículo se propone la creación de una agencia independiente que podría ser la encargada de garantizar las prestaciones del Estado de bienestar con criterios de largo plazo y de consenso social, al estilo del Pacto de Toledo para las pensiones.

La evolución demográfica de las últimas décadas ha hecho que el tema de la dependencia vaya cobrando un protagonismo progresivamente mayor. D. Simón Sosvilla-Rivero aborda este tema en su artículo “Reflexiones en torno al sistema de autonomía y atención a la dependencia”. El progresivo envejecimiento de la población, con un incremento sostenido de las personas de edades avanzadas, junto con la existencia de un colectivo bastante extenso de discapacitados o con determinadas dolencias que sufren dependencias en distinto grado ha dado lugar a una creciente necesidad de atención y protección a las personas dependientes. Para dar respuesta a esta demanda, se elaboró la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que instauró un nuevo Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), pieza clave del sistema de protección social existente en España que nació un amplio respaldo político y social. No obstante, constituye un sistema complejo, tanto en el plano competencial como en el institucional y operativo, lo que dificulta colmar las expectativas de todos los agentes involucrados.

El autor plantea en este trabajo una serie de consideraciones estratégicas sobre distintos procesos clave del SAAD, así como algunas recomendaciones de cara a su perfeccionamiento en los años venideros, con el fin de reforzar su contribución efectiva a la profundización del Estado de bienestar y a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

El artículo siguiente, “El coste de los cuidados de larga duración en España bajo criterios actuariales: ¿es sostenible su financiación?”, elaborado por Dña. Mercedes Ayuso Gutiérrez y por Dña. Montserrat Guillén Estany, aborda una perspectiva financiera de la cuestión genérica que es el tema central de este libro. El cálculo del coste esperado que el gobierno de un país deberá asumir respecto a fenómenos sociales asociados al envejecimiento de la población -como es el caso de los cuidados de larga duración- implica tener en cuenta factores biométricos, como las tasas de prevalencia de la dependencia para individuos de diferentes edades o la esperanza de vida libre de discapacidad, y con discapacidad. La aplicación de metodología actuarial permite obtener estimaciones del coste esperado de la dependencia en España, teniendo en cuenta tanto la evolución del número de personas dependientes, por niveles y sexo, como la definición utilizada para considerar a un individuo como dependiente (según la propia Ley de Dependencia) y, finalmente, los diferentes cuidados formales que pueden ofrecerse y sus costes asociados. Los resultados obtenidos por las autoras permiten aproximar la cuantificación económica de las necesidades de ayuda para las personas de mayor edad en España, así como avanzar en la propuesta de sistemas que contemplen la cofinanciación de la dependencia.

El siguiente artículo, elaborado por D. Mariano Fernández Enguita, se centra en la educación, otro de los pilares básicos del Estado de bienestar. Bajo el título “España ante los desafíos educativos de una era informacional, global y transformacional”, el autor señala cómo la preponderancia y el carácter estratégico de la información y del conocimiento en el mundo desarrollado actual está teniendo impactos sustanciales y profundos en nuestra estructura social y productiva, comparables a los que son consecuencia de las especificidades de la actual globalización y a la aceleración sin precedentes de los ritmos de cambio, que nos ubican en lo que se podría denominar una “era transformacional”. La consecuencia mayor de todo esto en el ámbito de la educación se refleja en nuevas necesidades, como “aprender a lo largo de toda la vida” o “aprender a aprender”. El análisis de la situación en España hace señalar al autor que la economía global e informacional ha vuelto obsoleto el modelo español de desarrollo, basado en la mano de obra barata, para exigir una fuerza de trabajo cualificada, al tiempo que el sistema escolar español es víctima de su propia estructura perversa, que se traduce en elevadísimas tasas de fracaso y abandono, con independencia de las capacidades de los escolares y de las potencialidades de la sociedad del conocimiento. Precisamente en la estructura y mecanismos propios del sistema escolar se halla la causa de su fracaso.

El artículo finaliza con un conjunto de propuestas aplicables tanto en el terreno de los pupilos como en el de los docentes, combinadas con acciones en el terreno cultural.

Se cierra esta edición de Ekonomi Gerizan con un artículo elaborado por Dña. María José González que aborda la problemática de la familia en el Estado de bienestar bajo el título “Políticas de familia e infancia, una inversión social para tiempos de bonanza y de crisis económica”. Este artículo defiende la tesis de que una buena política de familia e infancia, que es necesaria en tiempos de bonanza económica, se convierte incluso en imperiosa en tiempos de crisis: medidas públicas dirigidas a promover, a partes iguales, la conciliación entre trabajo y responsabilidades de cuidado, la igualdad de género y el bienestar de la infancia. No obstante, no todas las políticas familiares tienen la virtud de generar los mismos procesos de igualdad social: familias ideales en que tanto hombres como mujeres podrían trabajar y cuidar de sus hijos pequeños o de sus mayores sin que esta doble responsabilidad mermase su vida laboral o sus derechos sociales, familias en las que hombres y mujeres podrían desarrollar sus proyectos laborales en paralelo, en vez de uno a costa del otro, y familias a las que se les valoraría socialmente el tiempo dedicado a cuidar. Las medidas de intervención pública tienen un coste, a veces elevado, pero también acarrean grandes beneficios sociales y económicos: evitan que se desperdicie una parte importante del capital humano femenino; tienen en cuenta el valor social del cuidado de los niños; y, por ende, contribuyen a atajar el problema del envejecimiento demográfico.

El artículo, que describe la transformación demográfica reciente y sus implicaciones en el ámbito de las políticas sociales, propone una definición de política de familia e infancia antes de exponer los diferentes enfoques que existen actualmente en el ámbito de las políticas de familia en Europa. La descripción del desarrollo de las políticas de familia en España sirve de antesala para una reflexión en torno a la necesidad de aplicar políticas de familia e infancia como mecanismo para promover la igualdad social y de género.

En esta nueva edición de la serie Ekonomi Gerizan hemos querido abordar un tema que entendemos que tiene especial relevancia en el presente entorno de crisis. Las instituciones del Estado de bienestar ya estaban antes sujetas a cuestionamiento y tensión, como consecuencia de una evolución social y económica que estaba planteando nuevas y más amplias necesidades que se debían atender. La actual crisis económica ha añadido ahora los debates acuciantes relacionados con la financiación de dichas instituciones y con su sostenibilidad en un marco de creciente competitividad global. Esperamos que el conjunto de artículos que hemos seleccionado, y las ponencias que se desarrollaron en el Seminario organizado dentro de los Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco, en San Sebastián, sean de utilidad para el conocimiento y la reflexión sobre estas cuestiones y que ayuden a encontrar vías de solución, desarrollo y progreso para este conjunto de instituciones cuya existencia y función son tan necesarias.


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